El Congreso de El Salvador aprobó este jueves una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
La medida fue respaldada por 57 de los 60 diputados, en su mayoría pertenecientes a Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele.
Oficialismo justifica los cambios como “democratización”
Según la diputada Ana Figueroa, del bloque oficialista, la reforma tiene como objetivo “darle el poder total al pueblo salvadoreño” y alinear las condiciones del presidente con otros cargos de elección popular. Además, aseguró que la extensión del mandato traerá “estabilidad política, jurídica y reducción de costos”.
Oposición: “Murió la democracia en El Salvador”
La respuesta de la oposición fue contundente. La diputada Marcela Villatoro alzó un cartel con la frase “este día murió la democracia” durante la sesión parlamentaria, mientras calificó la aprobación como “burda y cínica”.
Claudia Ortiz, también opositora, denunció que el objetivo es perpetuar a Bukele y su círculo en el poder, empobreciendo al pueblo. “Esta historia se ha repetido en muchos países del mundo”, advirtió.
La reforma también anticipa elecciones en 2027
Uno de los puntos menos discutidos pero clave es que el actual mandato de Bukele, que debía concluir en 2029, terminará anticipadamente en junio de 2027. Ese año se realizarán elecciones concurrentes: presidenciales, legislativas y locales al mismo tiempo.
Hasta el momento, Bukele no se ha pronunciado públicamente sobre esta reforma.
Organizaciones denuncian deterioro democrático
Expertos en democracia y derechos humanos advirtieron que esta reforma amenaza la alternancia en el poder y consolida un modelo de control autoritario. En 2024, Bukele fue reelegido con el 82.8% de los votos, pese a que la Constitución prohibía la reelección inmediata. Una interpretación de la Sala de lo Constitucional, dominada por aliados del presidente, permitió su candidatura.
Organizaciones como Human Rights Watch y Cristosal han denunciado represión a opositores y falta de independencia judicial.
Detenciones y represión empañan el legado de seguridad
La popularidad de Bukele sigue alta, sustentada en una política de mano dura contra las pandillas que redujo los homicidios drásticamente bajo un régimen de excepción. No obstante, grupos de derechos humanos acusan al gobierno de detenciones arbitrarias, condiciones de abuso en cárceles como el CECOT, y falta de juicios justos.
Bukele ha defendido su modelo, afirmando:
“Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
Reacciones internacionales: ¿camino a la autocracia?
La directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, advirtió que El Salvador sigue el modelo de Venezuela. “Empieza con un líder popular que concentra poder… y termina en dictadura”, alertó.
Desde Cristosal, Noah Bullock denunció que la reforma fue aprobada “sin debate, en silencio y antes de vacaciones”, lo que calificó como una jugada para cambiar el sistema político a espaldas de la ciudadanía.
Con información de El Financiero
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