Los 26 candidatos judiciales "no idóneos" que el Congreso busca invalidar

Como lo anticiparon en semanas previas, los presidentes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados presentaron una solicitud formal al Instituto Nacional Electoral (INE) para anular el registro de 26 candidaturas a cargos judiciales, señalando que una parte de los aspirantes no cumple con los requisitos establecidos por la Constitución.

De acuerdo con el comunicado oficial, 18 de las personas propuestas no cumplirían con el requisito de buena reputación, al estar relacionadas con investigaciones penales federales vigentes, mientras que otras ocho candidaturas no cumplen con el promedio mínimo de 8.0 en licenciatura.

El pasado domingo 4 de mayo, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva en el Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, acudieron personalmente a las oficinas del INE para entregar el documento argumentativo que respalda su solicitud de cancelar los registros cuestionados.

En el texto, ambas cámaras del Congreso sostienen que los perfiles enlistados no cumplen con los estándares constitucionales para ejercer funciones jurisdiccionales, ya sea por cuestiones éticas o académicas.

“Las 18 personas enlistadas no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación, ya que están vinculadas a investigaciones penales federales vigentes. Se les asocia con delitos como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Las otras 8 candidaturas no alcanzan el promedio mínimo de 8.0 puntos en sus estudios de licenciatura”, detallaron.

Perfiles cuestionados por vínculos con delincuencia organizada

Según la información publicada por la Cámara de Diputados, entre los aspirantes que no cumplen con la buena reputación destacan nombres como:

1. Fernando Escamilla Villarreal, defensor de personas imputadas por delincuencia organizada.

2. Jesús Humberto Padilla Briones, detenido por portación de arma de fuego y delitos contra la salud.

3. Diana Montserrat Partida, liberó indebidamente a imputados por delincuencia organizada.

4. Julio Veredín Sena, otorgó amparo a miembros del crimen organizado.

5. Aníbal Castro Borbón, absuelto de forma irregular a un presunto delincuente.

6. Conrado Alcalá Romo, otorgó amparo a un líder de grupo delictivo.

7. Enrique Hernández Miranda, omitió imponer medidas cautelares.

8. Francisco Herrera Franco, con vínculos directos con criminales.

9. Francisco Martín Hernández Zaragoza, destituido por abuso sexual.

10. Edgar Agustín Rodríguez Beiza, acusado de abuso contra una alumna.

11. Andrés Montoya García, implicado en desaparición forzada de un periodista.

12. Leopoldo Javier Chávez, implicado en delitos contra la salud.

13. Alejandro Tlacahuac Zitlalpopoca, acusado de abuso sexual.

14. Ángel Antonio Villegas Cortés, denunciado por amenazas y lesiones.

15. Noel Castro Melgar, imputado por peculado y abuso sexual.

16. Arturo César Morales Ramírez, con cargos por delincuencia organizada.

17. Jesús Karina Almada Rábago, defensora de un integrante del Cártel de Sinaloa.

18. María de Jesús López Guzmán, defensora de persona vinculada al crimen organizado.

Todos los señalados aspiran a ocupar cargos como jueces o magistrados del Poder Judicial Federal (PJF) o en tribunales de circuito.

Ocho aspirantes no alcanzan el promedio requerido

Por otra parte, el documento menciona a los ocho aspirantes que no cumplen con el promedio académico mínimo de 8.0, exigido en las bases del proceso. Ellos son:

1. Arturo Manuel Fernández Abundis: promedio de 7.93.

2. Elva Regina Jiménez Castillo: promedio de 7.9.

3. Juan Hernández Rodríguez: promedio de 7.84.

4. Raúl Miguel Gaspar Pech Marinez: promedio de 7.69.

5. Joaquín Flores Ruiz: promedio de 7.6.

6. Porfirio Aldama Mota: promedio de 7.19.

7. Alejandra Ramírez de la Vega: promedio de 7.0.

8. Mario Alberto Parada Cerón: promedio de 7.7.

Los presidentes del Senado y Diputados aseguraron que los procesos de selección judicial deben garantizar perfiles con idoneidad ética, académica y profesional, por lo que resulta inadmisible que personas con antecedentes penales o con bajos niveles académicos puedan ocupar cargos con tanta responsabilidad.

Con información de Infobae

*BC