WASHINGTON.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), ha implementado una nueva norma que afecta directamente el envío de remesas a México y otros países desde al menos 30 códigos postales de California y Texas. La medida obliga a reportar transacciones entre $200 y $10,000 dólares, especialmente si son en efectivo y se realizan mediante Money Orders.
Remesas bajo vigilancia: FinCEN endurece requisitos en zonas fronterizas
La iniciativa, impulsada por la administración de Donald Trump, busca frenar actividades como el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales. Aunque técnicamente aplica solo a giros en efectivo, las empresas de remesas han comenzado a documentar todas las operaciones, por temor a sanciones.
Entre los nuevos requisitos para enviar dinero están la presentación de una licencia de conducir, el número de seguro social y un teléfono de contacto. Esto complica el envío de dinero para migrantes indocumentados, quienes no podrán cumplir con estos requerimientos, a pesar de ser quienes más utilizan estos servicios para enviar ayuda a sus familias.
Empresas demandan: “medida excesiva” afecta a pequeños negocios
La Asociación de Empresas de Servicios Financieros de Texas, con sede en San Antonio, presentó una demanda contra el Departamento del Tesoro para frenar la implementación de esta Orden de Focalización Geográfica (GTO). En respuesta, un juez federal, Fred Biery, emitió una orden de restricción temporal que suspende la norma para 11 empresas a lo largo de la frontera texana.
Biery consideró que la medida podría llevar a la quiebra a estas pequeñas compañías y cuestionó su efectividad: “La guerra contra las drogas no se va a ganar con esta orden”, dijo durante la audiencia. Además, aclaró que su fallo solo se aplica a las empresas demandantes y no extiende protección a otras entidades.
El senador estatal Roland Gutiérrez, parte del equipo legal de la Asociación, criticó la GTO como una “extralimitación gubernamental extraordinaria”. Afirmó que muchas de estas empresas atienden a personas que cruzan la frontera para cambiar pesos por dólares o enviar dinero para gastos cotidianos, no a criminales.
La batalla legal continúa mientras se espera una audiencia probatoria que podría extender el fallo. Este caso podría marcar un precedente para futuras regulaciones financieras en zonas fronterizas y en todo el sistema de remesas internacionales.
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