SCJN oficializa el paro de labores contra la reforma judicial; ministras advierten juicio político
El paro de labores en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es oficial. En sesión privada, ocho de los 11 ministros del Alto Tribunal votaron a favor de la suspensión de actividades hasta el próximo lunes 9 de septiembre, de acuerdo con un comunicado difundido este martes, en un nuevo episodio de la ola de protestas contra la reforma judicial impulsada por Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.
La Suprema Corte dio a conocer que sus salas no sesionarán el miércoles y que tampoco habrá sesión del pleno el próximo jueves, aunque se mantendrán las “guardias necesarias”, explicó la institución. “Se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia”, se informó. Será hasta el próximo lunes cuando los ministros determinen los pasos a seguir, si se mantendrá el paro laboral o no, en otra sesión privada.
Tres ministras votaron en contra de la suspensión de labores, todas nombradas durante la Administración de López Obrador: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres Guadarrama. “Es nuestra responsabilidad constitucional ejercer el cargo de ministras y prestar el servicio público de impartición de justicia”, señalaron en un comunicado conjunto, en el que manifestaron su oposición al paro “de manera enérgica”. Esquivel, Ortiz y Batres argumentaron que sus compañeros no estaban facultados por la ley para decretar el paro y exigieron que sus pares dejen de cobrar su sueldo durante la interrupción de actividades.
Se pronunciaron a favor Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; Juan Luis González Alcántara Carrancá; Luis María Aguilar Morales; Jorge Pardo; Ana Margarita Ríos Farjat; Javier Laynez Potisek; Alberto Pérez Dayán, y la presidenta de la Corte, Norma Piña. Laynez Potisek dijo que la reforma judicial “no va a ser exitosa, por decir lo menos” y que pretende “deshacerse de nosotros”, aunque evitó referirse a si se trata de una venganza de López Obrador en una entrevista con Radio Fórmula. Piña afirmó a Imagen que los tratados internacionales suscritos por México garantizan el derecho de los trabajadores a manifestarse, aseguró que la propuesta del Ejecutivo pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y declaró que la elección de jueces y magistrados por voto popular rompe con el modelo meritocrático que ha primado.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que tomará posesión el próximo 1 de octubre, pidió al grupo parlamentario de Morena que no precipitara la aprobación para evitar que el proceso sea impugnado por la oposición. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que votará en contra del proyecto de ley por considerar que “viola el equilibrio de poderes”. El Partido Acción Nacional (PAN) ha puesto en duda que el cambio de sede, del Palacio Legislativo de San Lázaro al Deportivo de la Magdalena Mixhuca, no se hizo con apego al debido proceso, lo que puede ser la base de una futura impugnación. Movimiento Ciudadano se ha pronunciado a favor de crear una comisión de diálogo con los universitarios que se oponen al proyecto. En el Senado, Morena y sus aliados están a una curul de la mayoría calificada, lo que les permitiría aprobar la reforma sin negociar con los opositores.
Las resistencias contra la reforma también se han reflejado en el terreno diplomático, con críticas abiertas del Gobierno de Estados Unidos a la elección de jueces por voto popular. “Si no se hace bien, puede traer muchísimo daño a la relación [bilateral]”, afirmó el embajador Ken Salazar en una conferencia de prensa. Washington ha moderado el tono de sus cuestionamientos, pero ha mantenido el contenido del mensaje: “Hay muchísimas preocupaciones”. A las puertas de una aprobación prácticamente inminente, los ecos de la reforma judicial siguen retumbando más allá de las paredes del Congreso.
Ministras advierten juicio político contra ministros por paro en Corte
Las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf expresaron su rechazo a la decisión del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender labores y sumarse al paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF).
En un posicionamiento conjunto, las ministras resaltaron que procede el juicio político contra los ministros y servidores públicos que “incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
Explicaron que el artículo 109, fracción I, de la Constitución Mexicana dispone que procede la imposición —mediante juicio político— de la destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier otra función en el servicio público, a las ministras o ministros (entre otros servidores públicos) que en el ejercicio de sus funciones, “…incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.
No está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para titulares de la SCJN
Añadieron que el artículo 110, fracción X, de la Ley Orgánica del PJF es terminante en señalar que incurre en responsabilidad la persona servidora pública que deje “de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo”.
Afirmaron que no está prevista la figura del paro de labores a nivel constitucional ni legal para los titulares de SCJN, es decir, mediante un acuerdo de las ministras y ministros.
Por el contrario, el personal de confianza no puede ni siquiera acudir a huelga, de conformidad con múltiples criterios sostenidos por la propia SCJN, como la jurisprudencia 118/2016, de la Segunda Sala.
“Por mayoría de razón, los titulares del máximo órgano de impartición de justicia, como las y los Ministros de esta Corte, no podemos suspender la prestación del servicio público que nos ha encomendado la Constitución”, aseguraron las ministras Batres, Esquivel y Ortiz.
Quienes votaron por el paro, debieron dejar de percibir remuneraciones
Resaltaron que el Código Penal Federal establece como delitos por hechos de corrupción la omisión de proporcionar el servicio público que nos corresponde (artículo 215), o recibir el pago indebido de remuneraciones sin tener derecho a ello (artículo 217 ter), por lo que, en todo caso, quienes votaron por el paro, debieron haber determinado dejar de percibir las remuneraciones que tienen como ministras o ministros.
Explicaron que una vez tomada la decisión de suspender labores, propusieron continuar sesionando a distancia, dado que se cuenta con una lista de 28 proyectos distribuidos en este Tribunal Pleno, y en las salas, hay dos listas ya repartidas semanas atrás que suman más de 200 asuntos.
“La SCJN es la cabeza del Poder Judicial de la Federación y el máximo tribunal de nuestro país. Las y los servidores públicos que la integramos tenemos el imprescindible encomienda y obligación de impartir y garantizar el acceso a la justicia de todo el pueblo mexicano”, aseveraron.
Como es sabido, ‘justicia rechazada, es justicia denegada’, finalizaron las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Con información de El País y Aristegui
*BC
