Operaciones en mineras en México son acechadas por el crimen organizado
El espectro de la violencia vuelve a acosar a las empresas mineras en México. En un país donde las redes del crimen organizado se han extendido desde el altiplano hasta el llano, las empresas que extraen oro y plata no han podido evitar los intentos de robo, secuestro y extorsión. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha reconocido recientemente la denuncia que el gobierno canadiense hizo en defensa de dos de sus empresas mineras que operan en México contra la extorsión en Guerrero, uno de los estados con mayores reservas de oro del país. Sin entrar en detalles, el mandatario, quien abordó esta denuncia en el marco de la visita a México del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que se están tomando cartas en el asunto. “Tienen razón, son extorsionados en Guerrero por grupos que se dedican al crimen. Ya los estamos atendiendo”, dijo.
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Paralelamente, las empresas aumentan sus inversiones en seguridad privada: solo en 2022 desembolsaron 85 millones de dólares, 9% respecto al año anterior, según cifras de la Cámara Minera de México (Camimex). Tras las declaraciones del Ejecutivo, Camimex enfatizó que, según el Instituto Fraser, México es el cuarto país más inseguro de América Latina para la actividad minera, solo por debajo de Venezuela, Colombia y Nicaragua. “Al igual que otros sectores industriales, el tema de la inseguridad afecta a la minería en las distintas regiones del país donde está instalada, teniendo graves consecuencias. El organismo, que representa a cientos de empresas en el país, indicó que trabajarán con las autoridades.
A pesar de estos esfuerzos, los incidentes de robo de mineral, bloqueos y cobro de los llamados “derechos de piso” continúan presentes en el día a día de la minería. Desde 2020, la minera canadiense Equinox Gold, ubicada en Guerrero, ha informado a inversionistas de continuos bloqueos y antes, en 2019, la mina Telson Mining, reportó el robo de 3 millones de dólares en concentrados minerales a través de un sofisticado mecanismo que duró meses en su depósitos también en ese Estado. En su momento, el presidente de la empresa, Ralph Shearing, reconoció que el robo se realizó de forma sigilosa en connivencia entre los choferes que transportaban el mineral y los ladrones.
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Enrique Margalef, presidente del clúster minero de Guerrero, sostiene que a pesar de estos incidentes, las inversiones mineras en el Estado continúan. “Las inversiones van. No es un secreto que las cuatro empresas mineras que están ahí históricamente han tenido bloqueos, han tenido problemas, que ha habido interrupciones de operación por temas comunitarios, de seguridad, como en todo en México. Está operando correctamente y en coordinación con el Gobierno del Estado”, zanja.
La demanda de mayores garantías de seguridad por parte de las empresas mineras tiene como telón de fondo la reiterada negativa de este Gobierno a promover la exploración minera a través de más títulos de concesión. Desde que llegó al poder, López Obrador ha criticado la cantidad de tierra otorgada a la minería, sin embargo, cifras de la Dirección de Fomento Minero revelan que los 25.000 títulos vigentes cubren poco más de 20 millones de hectáreas en el país.
El lastre de la violencia, sumado a la inseguridad jurídica, entorpeció al sector. En el último reporte anual realizado por el Instituto Fraser, México ocupó el puesto 34 en el índice de atracción de inversiones y solo en materia de seguridad ocupó el puesto 73 de 84 jurisdicciones evaluadas. Con información de El País
