A pesar de registrarse un descenso en el flujo general de personas migrantes que ingresan por la frontera sur de México, en la ciudad de Tapachula, Chiapas, persiste la formación de caravanas humanas para avanzar hacia el centro y norte del país. No obstante, colectivos y organizaciones civiles coinciden en que el fenómeno ha dado un giro radical en sus motivaciones, pues los extranjeros ya no buscan de forma prioritaria llegar a la frontera con Estados Unidos, sino establecerse en la Ciudad de México y otras entidades del interior de la República para rehacer sus vidas ante el estancamiento burocrático local.
Especialistas del Centro de Derechos Humanos (CDH) Fray Matías de Córdova y de la organización internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) advierten que estas movilizaciones masivas son el reflejo de una crisis humanitaria que ha llegado a su punto límite en la frontera chiapaneca. La falta de acceso expedito a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y los severos retrasos en los procesos de regularización migratoria impiden que esta población acceda a empleos formales, obligándolos a vivir en condiciones de hacinamiento en las periferias o, en los escenarios más graves, cayendo en situaciones de calle.
El marco normativo mexicano sobre refugiados estipula un periodo oficial de 45 días hábiles para emitir una resolución formal sobre cada solicitud; sin embargo, defensores de los derechos humanos denuncian que estos plazos se han duplicado de forma sistemática en los últimos meses, llegando a superar el año de espera. Esta parálisis administrativa somete a las familias a un estado de zozobra constante que deteriora de forma acelerada su salud socioemocional, multiplicando los casos de personas con cuadros de disociación y crisis sicológicas agudas.
Estadísticas médicas y denuncias contra el INM
Los datos estadísticos recopilados en este primer tramo de 2026 ilustran la magnitud de la problemática en la región. El personal de MSF reportó haber brindado un total de 4 mil 356 consultas médicas generales a ciudadanos de nacionalidad haitiana, cubana y centroamericana, de las cuales mil 138 correspondieron a atenciones especializadas en salud mental. Asimismo, las brigadas médicas documentaron y atendieron 458 casos relacionados con salud sexual y reproductiva, 14 agresiones de índole sexual y 118 consultas derivadas de eventos de violencia física directa.
Por último, el CDH Fray Matías de Córdova interpuso denuncias públicas señalando que el Instituto Nacional de Migración (INM) ha incurrido en detenciones presuntamente arbitrarias durante los operativos de contención de las caravanas. De igual manera, los activistas acusaron a las autoridades migratorias de implementar estrategias de disuasión sicológica, aprovechando el agotamiento físico de los caminantes para prometerles la entrega de documentación provisional de viaje que frecuentemente no cumple con los requisitos legales o que, en última instancia, nunca les es otorgada.
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