Fisuras en el bloque republicano tras la muerte de un ciudadano a manos de la Patrulla Fronteriza

El panorama político en Washington se ha visto sacudido este domingo tras el incidente ocurrido el sábado en Mineápolis, donde un agente de la Patrulla Fronteriza abatió a Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años. Este suceso no solo ha encendido las calles, sino que ha provocado una inusual ola de escepticismo dentro de las propias filas republicanas respecto a los métodos empleados por las autoridades de inmigración.

El gobernador de Oklahoma, Kevin Stitt, fue uno de los primeros en alzar la voz durante una entrevista en CNN, calificando el fallecimiento de Pretti —quien nació en Illinois y era un opositor activo a las redadas de la administración— como una "verdadera tragedia". Stitt señaló que las imágenes que llegan desde Minnesota están generando una inquietud legítima en la ciudadanía sobre la responsabilidad y el control de las fuerzas federales. Aunque evitó exigir directamente el retiro de los agentes, sugirió que el presidente Donald Trump está operando bajo "malos consejos" y urgió a buscar soluciones reales que calmen los ánimos en lugar de profundizar la polarización política.

Esta postura fue respaldada por otras figuras clave del partido. Los senadores Thom Tillis y Bill Cassidy manifestaron su preocupación a través de canales públicos; mientras Cassidy advirtió que la confianza institucional en el DHS y el ICE está seriamente comprometida, Tillis hizo un llamado a realizar una auditoría externa e imparcial de los hechos, criticando a quienes intentan cerrar el caso de forma prematura.

No obstante, la unidad en el discurso oficialista se mantiene firme en otros sectores del gabinete. Scott Bessent, secretario del Tesoro, optó por desviar la responsabilidad hacia la gestión estatal. Si bien lamentó la pérdida de vidas humanas, acusó a los líderes demócratas de Minnesota de permitir que "agitadores pagados" fomenten el desorden, defendiendo así la necesidad de mantener una postura de mano dura en materia migratoria frente a lo que calificó como una falta de control por parte del gobierno local.