Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ocurrida el pasado sábado 3 de enero en Caracas, la cúpula militar de Venezuela ha cerrado filas en torno al líder chavista.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, emitió un enérgico comunicado a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en el que calificó la intervención de las fuerzas estadounidenses como un "cobarde secuestro".
Según el alto mando militar, la operación se llevó a cabo tras el asesinato "a sangre fría" de gran parte del equipo de seguridad presidencial durante los ataques registrados en la capital y otras ciudades del país.
Desde la televisión estatal, Padrino López reafirmó que la institución armada reconoce únicamente a Maduro como el presidente constitucional y "líder auténtico" de la nación.
En este contexto de máxima tensión, el ministro anunció el respaldo absoluto de la FANB al estado de conmoción exterior, una medida que otorga al Estado facultades extraordinarias para actuar en situaciones de conflicto internacional.
"Exigimos la pronta liberación de nuestro comandante en jefe", sentenció el funcionario, subrayando la lealtad de las fuerzas militares ante lo que consideran una agresión externa.
Mientras tanto, en Washington, la postura del gobierno estadounidense parece enfocarse en una transición operativa.
El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Nicolás Maduro se encuentra ya en una prisión de Nueva York, donde enfrentará cargos por narcotráfico. Rubio reveló que, antes de la operación, se le ofrecieron al líder chavista múltiples oportunidades para retirarse de manera pacífica, opciones que fueron rechazadas sistemáticamente.
Un giro relevante en la política exterior de EE. UU. se dio con las declaraciones de Rubio sobre la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien actualmente se encuentra al frente del país.
El secretario de Estado señaló que, a diferencia de Maduro —con quien calificó de imposible cualquier tipo de acuerdo debido a sus constantes incumplimientos—, Rodríguez es una figura con la que el gobierno estadounidense considera que sí se puede trabajar y negociar.
Este reconocimiento marca un cambio estratégico, posicionando a la vicepresidenta como la interlocutora clave en medio del vacío de poder dejado por la captura del mandatario.
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