California, EE.UU. — En un acto sin precedentes, trabajadores agrícolas del corazón productivo de California iniciaron este martes 16 de julio una huelga de 72 horas denominada “Huelga por la Dignidad”, como protesta contra las redadas migratorias del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La movilización afecta a regiones claves como Santa Bárbara, Camarillo, Ventura, Oxnard y Carpintería, epicentro de la producción agrícola estatal.
La protesta se produce tras la detención de al menos 200 jornaleros y la muerte de Jaime Alanís, trabajador agrícola que falleció al intentar huir de agentes federales. Según testigos, Alanís cayó desde el techo de un invernadero en Camarillo y sufrió heridas fatales.
Un paro que paraliza al sector agrícola de California
Durante tres días, los trabajadores detendrán todas las labores de cultivo y cosecha en una zona que representa uno de los ejes económicos más importantes de EE.UU. De acuerdo con el Departamento de Servicios Agrícolas de EE.UU. (USDA), el valor de los campos californianos se estima en 33.9 billones de dólares, siendo la única región nacional que produce almendra, alcachofa, higo, granada, nuez y cannabis legal.
La presidenta del sindicato United Farm Workers (UFW), Teresa Romero, advirtió que los jornaleros “no deben ser perfilados ni perseguidos por su origen étnico” y celebró la movilización como un acto de resistencia frente a lo que considera “terror por motivos raciales”.
Redadas en aumento y represión en Camarillo
La redada más violenta ocurrió el pasado 10 de julio en Glass House Farms, en Camarillo, un campo de cultivo de cannabis. Ahí, decenas de agentes de ICE irrumpieron en los invernaderos, enfrentándose a trabajadores y activistas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reportó incluso la presencia de menores de edad en el lugar y denunció agresiones contra sus agentes.
Desde principios de junio, ICE ha intensificado su presencia en California, principalmente en barrios latinos de Los Ángeles. Según cifras oficiales, las deportaciones se dispararon de 7,800 en todo 2024 a 23,500 solo en mayo de 2025.
Freno judicial a las redadas basadas en perfil racial
En respuesta, organizaciones de derechos civiles y la ciudad de Los Ángeles interpusieron una demanda federal, alegando que las redadas violan la Constitución al detener personas por su raza, acento, lugar de trabajo o ubicación. Un tribunal federal emitió el 11 de julio dos órdenes de restricción temporal (TRO):
Prohíbe a ICE realizar detenciones sin sospecha razonable basada en factores objetivos.
Obliga al DHS a garantizar el acceso a abogados todos los días de la semana.
Según el fallo, prácticas como detener personas en lavados de autos, paradas de autobús o campos agrícolas, únicamente por su apariencia o idioma, son discriminatorias e ilegales.
Armando Gudino, director de la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles, celebró la decisión judicial:
“Los agentes federales están sujetos a la ley, no a la discriminación racial ni a agendas políticas”.
Comunidad drástica y ciudadana, al frente de la lucha
La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, anunció que la ciudad se unió formalmente a la demanda contra el DHS. “Nadie debe vivir con miedo por el color de su piel ni su trabajo”, afirmó.
Mientras tanto, Angélica Salas, directora de CHIRLA, denunció que los migrantes detenidos “no tuvieron acceso a abogado ni al debido proceso, mientras sus comunidades eran arrasadas”.
Por su parte, el enviado estadounidense Tom Barrack y el secretario de Estado Marco Rubio manifestaron preocupación por la escalada de detenciones y pidieron al gobierno federal que suspenda los operativos y entable diálogo con las comunidades afectadas.
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