La administración de Donald Trump ha impulsado una política de deportación exprés que permite al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsar a migrantes en un lapso mínimo de seis horas, incluso hacia terceros países, sin necesidad de procesos judiciales adicionales.
ICE podrá ejecutar deportaciones en tiempo récord
Según un memorándum firmado el 9 de julio por Todd Lyons, director interino de ICE, la agencia podrá llevar a cabo deportaciones “en circunstancias apremiantes” siempre que el migrante haya tenido la oportunidad de consultar con un abogado.
Este cambio acelera significativamente los procedimientos migratorios, permitiendo que los migrantes sean enviados no sólo a su país de origen, sino también a naciones que hayan garantizado que no serán perseguidos ni torturados.
“Las nuevas directrices permiten la remoción inmediata sin procedimientos adicionales, siempre que se cumplan las condiciones mínimas de consulta legal”, señala el documento interno.
Caso de Kilmar Abrego García revela alcance de la política
El memorándum de ICE se presentó como evidencia en una demanda por la deportación de Kilmar Abrego García, residente de Maryland, quien fue enviado a El Salvador pese a cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento.
Aunque la agencia generalmente espera 24 horas tras notificar una expulsión, esta nueva disposición permite que los plazos se reduzcan drásticamente, lo cual ha alarmado a defensores de derechos humanos.
Corte Suprema respalda deportaciones a terceros países
El fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, emitido el pasado 23 de junio, eliminó una orden judicial previa que limitaba las deportaciones sin control. A raíz de ello, el gobierno de Trump reactivó los traslados rápidos y ya envió a ocho personas a Sudán del Sur.
Además, la administración ha presionado a países como Guinea-Bissau, Liberia, Mauritania, Senegal y Gabón para que acepten migrantes provenientes de otras regiones.
ONG y abogados denuncian falta de garantías
Organizaciones civiles y abogados han calificado estas medidas como “crueles” y violatorias del debido proceso. Trina Realmuto, representante de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, criticó duramente la nueva política:
“Está muy lejos de proporcionar las protecciones legales y del debido proceso que requiere la ley”, señaló.
La preocupación se centra en el hecho de que muchos deportados podrían ser enviados a países con los que no tienen vínculos, donde no hablan el idioma y donde podrían enfrentar violencia o persecución.
Precedente durante el primer mandato de Trump
Entre 2017 y 2021, el gobierno de Trump ya había comenzado a enviar migrantes de El Salvador y Honduras a Guatemala, como parte de un programa piloto de deportaciones regionales. Ahora, con el respaldo judicial más reciente, la deportación acelerada se convierte en una herramienta clave para el control migratorio del expresidente.
Persiste la controversia legal
En mayo, la Casa Blanca apeló una orden judicial que permitía a los migrantes impugnar su expulsión a países distintos al de su origen. Esa apelación de emergencia se presentó pocas horas después de que el juez Brian Murphy, de Boston, acusara al gobierno federal de violar dicha orden al deportar a personas a Sudán del Sur, incluidos ciudadanos de Cuba y México.
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