A petición de la FGR, una jueza federal solicitó la reaprehensión de los 8 militares supuestamente implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que habían sido liberados el pasado 20 de enero.
De acuerdo con información del abogado de los 8 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), los militares se entregaron de manera voluntaria y ya fueron detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR), la cual obtuvo estas nuevas órdenes de aprehensión por el delito de delincuencia organizada.
Por lo anterior, los militares; Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres, Juan Andrés Flores, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz, fueron trasladados de nueva cuenta al Campo Militar 1-A, en lo que se resuelve su situación jurídica.
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Cabe señalar que el pasado 20 de enero, la jueza del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, ordenó que estos 8 militares —acusados por delito de desaparición forzada sobre el caso Ayotzinapa— fueran liberados para que llevarán su proceso en libertad, debido a que las pruebas que presentó la FGR no eran suficientes para mantener la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
Además de que se evidencio que durante el proceso legal que llevan los militares, la FGR no se inconformó, sino hasta que fueron liberados, sobre el cambio de medida cautelar.
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Por ello, los militares pertenecientes al 27 y 41 Batallón de Infantería de Iguala, que estaban recluidos desde el 22 de junio de 2023 en el Campo Militar 1-A y debieron pagar una fianza de 50,000 pesos, y entregar sus pasaportes, para ser liberados.
En tanto, tras darse a conocer su libración, la Fiscalía General de la República (FGR) expresó su rechazo tajante por la determinación de la Jueza Duarte Cedillo y de los Magistrados del tribunal colegiado correspondiente, Horacio Armando Hernández Orozco, Juan José Olvera López y Francisco Sarabia Ascencio, a quienes señaló de cometer acciones procesales “absolutamente cuestionable para los derechos y para la protección de las víctimas”.
*MG