De acuerdo a una investigación del Brookings Institution, la industria pesquera en el Golfo de California y el Pacífico mexicano está siendo monopolizada en silencio por el Cártel de Sinaloa, que se ha infiltrado en cooperativas de pescadores para controlar esa actividad comercial y el tráfico de especies protegidas, las cuales intercambia por precursores químicos que usa para fabricar narcóticos.
Incluso, los tentáculos del cartel abarcan los mariscos y productos marinos de alta calidad que llegan hasta las mesas de los consumidores estadounidenses, después de pasar por plantas de procesamiento bajo el control de estos narcotraficantes, de acuerdo con el reporte titulado La caza furtiva y el tráfico de vida silvestre ligados a China en México, elaborado por la investigadora Vanda Felbab-Brown.
Como parte de sus actividades ilícitas, el cartel extorsiona a los pescadores, establece precios, obliga a los restaurantes a que compren sus productos y organiza pescas en tiempo de veda, de acuerdo con la investigación.
Esto último lo ha hecho en Sinaloa y en Sonora, donde organizó que hasta 300 pangas capturaran camarones de manera ilegal en el Golfo de California.
“Luego, el cartel vendería los camarones de menor calidad en México y llevaría los camarones de primera calidad para el mercado estadounidense a plantas de procesamiento certificadas por el gobierno de Estados Unidos”, señala el estudio.
Pasar ese filtro no fue difícil para los traficantes: forzaron a las plantas a emitir documentos falsos en los cuales se indicó que esos camarones fueron atrapados durante el tiempo permitido.
También se han acercado a esas instalaciones cuando requieren congelación, procesamiento complejo y documentos de procedencia y sanitarios para carne de pescado, vieiras (un molusco de la familia de las almejas) y ostras de alto valor.
“Una negativa de una planta de procesamiento de aceptar mariscos traídos por grupos del crimen organizado de México podría provocar que incendien la planta o asesinen a sus empleados o propietarios”, afirma el reporte del Brookings Institution.
Lo que sucede en las costas del Pacífico es similar al control que ejercen organizaciones delictivas, como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sobre la producción de aguacates y limones en Michoacán, lo que ha disparado el costo de estos frutos en México y EEUU. También se han apoderado de la tala ilegal.
La investigación del Brookings Institution se enfocó en revelar que el tráfico de vida silvestre de México a China recibe poca atención internacional, pero está creciendo en territorios de los carteles “que se convierten en áreas de exclusión para los funcionarios del gobierno y los defensores ambientales”.
Advierte, además, que las especies terrestres y marinas, así como la madera, capturadas y cosechadas ilegalmente en México para los mercados chinos, amenazan cada vez más la biodiversidad de ese país.
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“Entre las especies que se cazan furtivamente en México y que se contrabandean a China, a veces a través de Estados Unidos, se encuentran reptiles, pepinos de mar, totoabas, orejas de mar, tiburones y, probablemente cada vez más, jaguares, así como diversas especies de palisandro”, señala.
En el menú del tráfico de especies también están las almejas, las ostras y las medusas.
Otra preocupación es lo que reciben a cambio: precursores químicos para elaborar fentanilo y metanfetamina, drogas peligrosas que han incrementado las muertes por sobredosis en EEUU.
“De hecho, en México, mucho más que en otras partes del mundo, la caza furtiva y el tráfico de vida silvestre para los mercados chinos se entrelaza cada vez más con el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la transferencia de valores en economías ilícitas”, indica el Brookings Institution.
Un marino mexicano resguarda a funcionarios que decomisaron una red de pesca ilegal en San Felipe, en el Golfo de California. Crédito: Getty Images
La captura ilegal del pez totoaba
La intención del Cartel de Sinaloa es monopolizar empresas pesqueras legales e ilegales a lo largo de toda la cadena de suministro para exigir una parte de sus ganancias, dictar cuánto, dónde y cómo pueden pescar en sus “plazas”, y apoderarse de la comercialización, según el Brookings.
Los operadores del cartel están interesados en la pesca furtiva del pez totoaba en el Golfo de California, que es la actividad de pesca ilegal en México más famosa a nivel internacional. Se trata de una especie en peligro de extinción, por lo que está prohibida su captura y exportación.
Por si no fuera suficiente el daño, las redes que utilizan los pescadores para capturar al totoaba también atrapan a la vaquita marina, que está casi por desaparecer y que se ahoga rápidamente una vez que se enreda en las “agalleras”, pues es un mamífero que necesita respirar oxígeno del aire. Los científicos solo habían podido ubicar en 2021 a ocho vaquitas marinas en todo el Golfo de California.
La vejiga natatoria del totoaba (en chino se le dice maw y en español buche) es una especialidad gourmet en China y se usa para preparar una sopa. Los comerciantes chinos comenzaron a organizar la pesca furtiva de ese pez en México en la década del 2000, después de que la corvina amarilla gigante, cuya vejiga natatoria se consumía en China, se agotó en aquel país.
Así operan en las zonas pesqueras
El Brookings Institution indica que los grupos del crimen organizado, especialmente el Cartel de Sinaloa, entraron hace varios años en la pesca furtiva y el tráfico ilegal de especies marinas.
“En Baja California Sur, el Cartel de Sinaloa mayormente ganó contra un grupo disidente y su aliado del CJNG (Cartel Jalisco Nueva Generación), y ha sido capaz de convertirse en el actor criminal dominante en las pesqueras de la zona”, señala el informe.
“Por el contrario, en Baja California, como en las grandes pesqueras de la zona de Ensenada-Rosarito, los dos carteles, sus aliados locales y grupos vasallos compiten entre sí por la extorsión de la industria de la pesca deportiva y las ventas de pescado a restaurantes y hoteles”, agrega.
Otros carteles tienen presencia en las costas de Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo.
Su modus operandi consiste en dictar a las comunidades locales la cantidad de una especie en particular que deben capturar y entregar al cartel y castigan a quienes no cumplen con la cuota. A veces les exigen tanto que estos piden ayuda a otros pescadores. Siempre designan a un vigilante o “halcón”, quien se encarga de verificar que no vendan sus productos a rivales ni compradores independientes. Y una vez que tienen control absoluto, el precio al que el cartel compra cae hasta a un 75%.
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Antes de llegar a ese fondo, los narcos se muestran como buenos clientes. “Por ejemplo, al tomar el control de una comunidad dedicada a la pesca de vieiras (un molusco) en Baja California Sur, el Cartel de Sinaloa comenzó pagando aproximadamente 22 dólares por kilo (por encima del precio de mercado de $19.5) y compró toda la pesca de la temporada, equivalente a 22 toneladas”, señala la investigación.
Más tarde muestran el colmillo. “Un operador de planta de procesamiento de mariscos en Baja California Sur, cuyo hijo fue secuestrado por los narcos para obligarlo a procesar los mariscos del cartel, recibió del grupo criminal un pago de solo la mitad del precio de mercado por el procesamiento”.
De acuerdo con el Brooklings, las autoridades de México son responsables por no tomar cartas en el asunto. “El gobierno de (Andrés Manuel) López Obrador, que no está dispuesto a hacer enfadar a los pescadores ilegales del totoaba, básicamente se rindió respecto de realizar operaciones de la aplicación de la ley en tierra y en el mar”, lamenta el instituto.
*MG