Desvío en Segalmex duplica a “Estafa maestra”
La trama de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, que asciende a más de 12 mil millones de pesos, duplica a la de la llamada Estafa maestra, en la que se desviaron 5 mil millones de pesos en contratos ilegales a universidades en el sexenio anterior.
Desde 2020 cuando se destapó el desfalco en los organismos que venden y compran productos de primera necesidad para la población, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que es considerado el mayor desvío de recursos públicos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzan a paso lento.
De los 53 señalados, de los cuales 29 son funcionarios y exfuncionarios, el único procesado hasta el momento es René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas de Segalmex entre 2019 y 2020, quien supuestamente operó una red de corrupción a través de contratos irregulares en Seguridad Alimentaria Mexicana, entonces dirigida por Ignacio Ovalle Fernández, hoy director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
Por segunda ocasión, Gavira Segreste fue vinculado a proceso por uso indebido de recursos públicos en el caso de corrupción de Segalmex, con el beneficio de la libertad condicional; solamente se le impuso la presentación quincenal a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, y no acercarse a los testigos.
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Una jueza con residencia en el Reclusorio Norte lo procesó por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad de que el servidor público ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico.
En abril del año pasado, René Gavira se presentó por primera vez ante un juez, que lo procesó por la presunta colocación de 950 millones de pesos de Segalmex en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la adquisición de bonos bursátiles, lo que está prohibido por la ley.
De acuerdo con la FGR, Gavira Segreste habría firmado en 2019 un contrato de renovación, en calidad de apoderado legal y titular de Administración y Finanzas, en el que autorizó adquisiciones ilícitas de contenido económico con recursos públicos, contraviniendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este es uno de varios casos que se encuentran en investigación contra René Gavira, con otra causa penal por el probable uso indebido de recursos públicos asignados a Segalmex, precisó la fiscalía.
Para la FGR, el exfuncionario es una figura central ante la supuesta red de corrupción que operó en los primeros dos años del sexenio en el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), involucrada en la entrega de contratos irregulares, contrataciones con empresas fantasma, simulación en la adquisición de leche, trigo y granos básicos, y la venta de productos de primera necesidad a firmas privadas por debajo de los precios de garantía establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
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El caso primero se investigó en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y después pasó a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, donde se indaga como ilícitos en esa materia.
En agosto pasado, el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reportó que los daños al erario en Segalmex, Liconsa y Diconsa ascienden a alrededor de 9 mil 500 millones de pesos, por lo que se presentaron 38 denuncias ante la FGR por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones.
Las denuncias, precisó el funcionario en Palacio Nacional, las presentaron la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la FGR.
Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estima en 12 mil millones de pesos el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana, Diconsa y Liconsa entre 2019 y 2020, por lo que presentó dos denuncias ante la fiscalía general.
*BC
