El grupo parlamentario de Morena en Campeche se fracturó luego de que un bloque de legisladores anunciara su ruptura con la gobernadora Layda Sansores, a quien acusaron de persecución política y presiones para aprobar un endeudamiento por mil millones de pesos, en medio del debate presupuestal estatal.
La división interna ocurre en un momento clave para la agenda financiera del gobierno estatal y marca uno de los conflictos más severos dentro del partido guinda en la entidad desde el inicio de la actual administración.
Morena se divide por deuda y acusaciones de persecución política
Al menos 10 diputados morenistas denunciaron haber sido presionados para avalar la contratación de deuda pública impulsada por el Ejecutivo estatal. El coordinador parlamentario, José Antonio Jiménez Gutiérrez, había señalado desde finales del año pasado que su bancada analizaría la propuesta y buscaría alternativas para evitar comprometer las finanzas públicas.
Durante la sesión de este domingo, Jiménez denunció públicamente que enfrenta persecución política por oponerse al endeudamiento. “La transformación no puede construirse con imposiciones y persecuciones”, afirmó ante el pleno, al tiempo que defendió la autonomía legislativa frente a lo que calificó como presiones externas.
Morena pierde control del Congreso tras alianza con PRI y PAN
Tras el rompimiento, los legisladores afines a la gobernadora Layda Sansores se aliaron con fuerzas opositoras como PRI y PAN para imponer una nueva mesa directiva en el Congreso local, lo que confirmó la fractura interna en Morena.
Como resultado, la bancada guinda cedió el liderazgo parlamentario a la segunda fuerza política, Movimiento Ciudadano (MC), encabezada por Alfredo Arce, reconfigurando el equilibrio político en el Poder Legislativo estatal.
Denuncian presencia policial y posible intento de detenciones
Los diputados inconformes denunciaron que patrullas y vehículos oficiales de la Policía Ministerial rodearon el Palacio Legislativo, lo que interpretaron como un intento de intimidación. Aunque la Fiscalía estatal aseguró que se trató de “rondines de rutina”, algunos legisladores afirmaron haberse atrincherado ante rumores de posibles detenciones.
Durante su posicionamiento final, Jiménez Gutiérrez calificó el estilo de gobierno de Sansores como autoritario y represor, y subrayó que la lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación no implica obediencia ciega.
“La dignidad no se negocia”, sentenció.
Con información de Animal Político
*BC
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