En Tapachula, Chiapas, la nacionalidad mexicana se convirtió en una mercancía, luego de que una investigación reveló la operación de un mercado negro de actas de nacimiento que permite a migrantes extranjeros, principalmente de origen cubano, obtener documentos oficiales falsos en cuestión de semanas. A través de este mecanismo ilegal, personas indocumentadas pasan a ser registradas como “mexicanas” nacidas en el sur del país.
Los testimonios recabados evidencian que el costo de este trámite clandestino varía según la urgencia y los contactos disponibles. Un migrante cubano confesó que los precios oscilan entre 15 mil y 20 mil dólares, aunque en algunos casos el pago alcanza los 4 mil dólares, equivalentes a más de 70 mil pesos mexicanos al tipo de cambio actual. Con estas actas, los beneficiarios pueden tramitar INE, pasaporte y movilizarse libremente hacia el norte del país.
Alerta internacional por documentos apócrifos
El fraude alcanzó un nivel diplomático cuando, el pasado 22 de enero, la Embajada de México en Houston, Texas, emitió una alerta tras detectar documentos sospechosos. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) identificó un patrón alarmante: actas impresas en papel oficial, con formatos válidos y sellos auténticos, pero sin inscripción real de nacimiento ni respaldo en los libros del Registro Civil.
Un #migrante cubano pagó 4 mil dólares por un acta de nacimiento mexicana en Tapachula, y en un mes pasó de ser extranjero a “mexicano”.
La Fiscalía de #Chiapas detectó irregularidades en el Registro Civil; la investigación sigue.
Una nota de @pedrogerardo26 en #HechosAM pic.twitter.com/9bUmZK0Az3— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 26, 2026
Aunque los documentos parecen legales, las autoridades confirmaron que contienen datos falsos, lo que permite a los portadores evadir controles migratorios, solicitar visas humanitarias o transitar por aeropuertos y retenes sin restricciones. Esta situación encendió alertas sobre la vulnerabilidad de los sistemas de identificación nacional.
Para organizaciones civiles, el caso representa solo una parte del problema. Luis García Villagrán, director de la ONG Pro Migrante en Tapachula, denunció que la red de tráfico de documentos opera desde hace años con la complicidad de funcionarios federales. Según el activista, existe un intercambio constante de personal entre dependencias como el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR).
Además, señaló que las denuncias públicas evidenciaron cómo estas estructuras permanecen activas pese a los señalamientos. Por ello, advirtió que el fenómeno no se limita al ámbito local, sino que involucra instancias federales que validan los documentos.
Intervención en el Registro Civil
Tras la denuncia de la Cancillería, la Fiscalía General del Estado de Chiapas intervino el Registro Civil. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó que una auditoría detectó anomalías en los sistemas informáticos, así como la participación directa de trabajadores que expedían actas falsas.
Aunque tres empleados fueron identificados, persiste la duda sobre si se investigará a los funcionarios federales que validan estas actas en aeropuertos y retenes. Mientras tanto, la llamada “fábrica de mexicanos” continúa operando en la frontera sur.
Con información de Agencias
*ARD
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