La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que elementos del Ejército mexicano participaron en un incidente que derivó en la muerte de seis personas y lesiones a dos más en el municipio de González, Tamaulipas.
De acuerdo con un comunicado conjunto de la IV Región Militar y la 48/a Zona Militar, los hechos ocurrieron la noche del 6 de octubre de 2025, cuando un convoy militar se desplazaba sobre la carretera Ciudad Mante–Tampico, a la altura del kilómetro 71, en la comunidad Estación Manuel.
“Una camioneta color blanco trató de embestir a uno de los vehículos militares, por lo que, al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente cinco personas perdieron la vida y tres más resultaron heridas”, señaló la Sedena.
Una víctima más murió en el hospital de Tampico
La dependencia informó que, tras el enfrentamiento, los soldados auxiliaron a los heridos y los trasladaron al Hospital General “Carlos Canseco” de Tampico. Sin embargo, una de las personas lesionadas murió durante la atención médica a causa de las heridas de arma de fuego, con lo que el saldo final ascendió a seis fallecidos.
El informe no precisó si las víctimas estaban armadas ni si pertenecían a algún grupo delictivo.
FGR y Justicia Militar investigan a los soldados implicados
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación sobre los hechos y recibió en calidad de presentación a los elementos que dispararon contra los civiles.
A la par, la Fiscalía General de Justicia Militar inició una indagatoria interna y determinó separar temporalmente del cargo a los soldados involucrados, mientras se determina su responsabilidad penal y disciplinaria.
Fuentes de la institución aseguraron que el Ejército colabora con las autoridades civiles y militares para esclarecer lo ocurrido y garantizar transparencia en el proceso judicial.
Contexto: antecedentes de uso de la fuerza militar
El incidente se suma a otros episodios recientes en los que militares han sido acusados de uso excesivo de la fuerza, particularmente en estados del norte del país. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han pedido revisar los protocolos de actuación del Ejército en tareas de seguridad pública, argumentando que deben respetarse los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
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