Internas del penal de Santa Martha Acatitla alzaron la voz en una llamada telefónica difundida por medios nacionales, donde denunciaron ser víctimas de extorsión, golpizas y amenazas de muerte por negarse a pagar el cobro de piso exigido por presuntos grupos delictivos coludidos con las autoridades del reclusorio. Aseguran que esta situación, inédita en los últimos 16 años, ha escalado al grado de poner en peligro sus vidas.
El miedo se apodera de las reclusas
Dos mujeres privadas de la libertad, con 7 y 16 años de reclusión respectivamente, relataron entre lágrimas que en los últimos meses han sido obligadas a pagar cuotas por cada producto vendido dentro de la recaudería. Al negarse, fueron brutalmente golpeadas y amenazadas con ser desfiguradas o asesinadas.
“Nos vinieron a decir que estaban pagando 10 mil pesos para que me picaran, me tasajearan la cara”, relató una de ellas.
Los testimonios apuntan directamente a Susana Ramírez, directora del penal, y a Andrés Ponce Aceituno, subsecretario del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, quienes, según las internas, han permitido o incluso facilitado estas prácticas ilegales.
Extorsión sistemática y complicidad institucional
Según las reclusas, la directora del penal no solo estaría al tanto de las extorsiones, sino que también se beneficiaría directamente de ellas mediante el control de concesiones de tiendas, ventas de drogas, cigarros, teléfonos y alcohol.
“Ella está a cargo del cobro de todo. Entonces no es justo, ya no es normal”, denunciaron.
Familiares de al menos diez reclusas han entregado denuncias directamente a la oficina de Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Las madres de las víctimas —la mayoría en situación vulnerable— temen represalias no solo contra ellas, sino contra sus hijas.
La muerte de Marlen, un caso que encendió las alarmas
Una de las voces más presentes en esta denuncia colectiva fue la de Yered, quien ha sido golpeada repetidamente por no pagar. Ella trabaja en una tienda interna y se le exige una cuota de tres pesos por producto vendido.
La situación llegó a su punto más crítico tras la muerte de Marlen, una joven interna que fue extorsionada y perdió la vida dentro del penal. Este hecho generó pánico entre las demás reclusas, quienes ahora temen que les ocurra lo mismo.
“Nos están comprando para perjudicarnos”
Las internas también señalaron que otras compañeras han sido sobornadas con drogas, cigarros o privilegios para escribir declaraciones falsas en su contra, una estrategia para silenciar o desacreditar las denuncias.
“Están ofreciendo cosas para que ellas caigan en este juego y entonces nos puedan perjudicar de alguna manera”, advirtieron.
Aseguraron que viven con miedo constante, con daños psicológicos, pérdida del apetito y crisis de ansiedad. A pesar de ello, las autoridades penitenciarias han ignorado por completo sus denuncias.
Piden intervención de Sheinbaum y Brugada
En su desesperación, las internas pidieron que los hechos lleguen a oídos de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la jefa de Gobierno Clara Brugada, solicitando una intervención directa ante la negligencia institucional.
“Nuestra vida está en riesgo. Se la pasan terroreándonos. Ya no podemos más”, concluyeron.
Panorama desolador en los penales de la capital
Este caso ha puesto en evidencia el deterioro del sistema penitenciario en la Ciudad de México, donde el cobro de piso ha llegado incluso a los centros de reclusión, bajo el amparo de quienes deberían proteger los derechos de las internas.
De momento, las autoridades capitalinas no han emitido una postura oficial sobre las graves acusaciones. Sin embargo, la presión social y mediática crece para que se realice una investigación exhaustiva y se garantice la seguridad e integridad de las mujeres recluidas en Santa Martha Acatitla.
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