Hermosillo, Sonora — En el tercer año completo del gobierno de Alfonso Durazo Montaño, Sonora registró un nuevo récord en quejas por violaciones a los derechos humanos, con 3,007 denuncias recibidas en 2024, según el informe más reciente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH-Sonora).
La cifra representa un aumento del 145.8 % respecto a las 1,223 quejas registradas en 2021, cuando el mandatario morenista asumió el cargo. Este volumen supera ampliamente el récord anterior de 2011, año en que se reportaron 2,051 casos.
Crecimiento sostenido desde 2021
El repunte en las denuncias comenzó en 2022, con 1,438 quejas —17 % más que el año previo— y se intensificó en 2023, con 2,025 expedientes abiertos, marcando un aumento anual del 40 %. Para 2024, se consolidó la escalada de casos en el contexto del mandato de Durazo Montaño.
En total, en los tres años más recientes de su administración se acumularon 66 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos, una cifra notablemente superior a las 44 emitidas durante los 30 años previos (1992-2022).
Hermosillo, foco principal de violaciones
En 2024, Hermosillo, gobernado por el panista Antonio Astiazarán, concentró 1,964 quejas (65.3 % del total), seguido por municipios como Cajeme, Nogales, Guaymas, Agua Prieta, Navojoa, Caborca y San Luis Río Colorado, que también presentan altos índices de violencia.
De las 3,007 quejas totales:
2,763 fueron interpuestas directamente por ciudadanos.
244 se abrieron de oficio.
La CEDH-Sonora advierte que la capital del estado muestra “problemas específicos en la gestión local y en la protección de los derechos humanos”.
Tortura y desapariciones, delitos persistentes
En 2024, la Comisión emitió:
107 dictámenes por tortura, de los cuales 7 derivaron en recomendaciones contra policías municipales (4), agentes ministeriales (2) y personal penitenciario (1).
16 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales, con 12 ocurridas en centros de reinserción social y 4 en separos municipales.
Un dato especialmente grave es que el 62 % de las recomendaciones en esta administración están relacionadas con desapariciones forzadas, atribuibles a la omisión o complicidad de autoridades. El informe destaca que la falta de celeridad en las investigaciones configura una aquiescencia tácita de los agentes estatales.
Según una nota de La Razón del 20 de mayo, los casos de desaparición forzada aumentaron 283 % durante el gobierno de Durazo: de 176 reportes en 2021 a 675 en 2024.
Las autoridades más señaladas
Las dependencias que generaron más quejas en 2024 fueron:
Defensoría Pública: 722
Sistema Estatal Penitenciario: 579
Ayuntamientos: 369
Secretaría de Educación y Cultura: 307
Estas cinco autoridades acumularon el 89 % de las denuncias presentadas ante la Comisión.
La Oficina del Protocolo de Estambul, única en su tipo
La CEDH-Sonora resaltó la creación de la Oficina para el Protocolo de Estambul, primera en su tipo a nivel nacional dentro de una comisión estatal de derechos humanos. Esta instancia permitió la documentación profesional de los casos de tortura, con base en estándares internacionales.
Grupos vulnerables, los más afectados
Los principales grupos que interpusieron quejas en 2024 fueron:
Niños y adolescentes: 348
Personas privadas de la libertad: 186
Adultos mayores: 184
Personas con discapacidad: 91
Mujeres víctimas de violencia: 56
El organismo autónomo atribuye este incremento a una mayor confianza ciudadana en la institución.
“En un período de tres años se avanzó en la recuperación de la confianza por parte de las personas, ya que en 2024 se presentaron 3,007 quejas: la mayor cantidad en la historia de la CEDH”, destaca el documento oficial.
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