Ciudad Juárez, Chihuahua.— La Policía de Investigación del estado de Chihuahua localizó 381 cadáveres apilados y abandonados dentro de un crematorio privado en Ciudad Juárez, en un caso que ya es considerado como uno de los más graves de negligencia funeraria en el país.
De acuerdo con Eloy García, coordinador de comunicación de la Fiscalía General del Estado (FGE), los restos humanos estaban embalsamados, con certificados de defunción, pero nunca fueron incinerados como establecen los protocolos.
“Se hizo el conteo general. Preliminarmente tenemos 381 cuerpos que estaban depositados de manera irregular en el crematorio, que no fueron cremados”, informó García.
Cuerpos apilados sin orden ni respeto
El funcionario detalló que los cuerpos estaban apilados de manera indiscriminada, colocados uno sobre otro en distintas zonas del inmueble, incluso tirados en el piso. No se observaron registros que indicaran un proceso en curso o un manejo adecuado de los restos.
“Estaban aventados así nada más, de manera indiscriminada, uno sobre el otro”, dijo García, al calificar el hallazgo como una muestra de "indolencia e irresponsabilidad".
La FGE ahora investiga posibles delitos penales cometidos por los operadores del crematorio, quienes habrían actuado con conocimiento de sus límites operativos, al recibir más cuerpos de los que podían procesar.
Entregaban cenizas falsas a las familias
Según la hipótesis preliminar de las autoridades, los fallecidos fueron velados y posteriormente trasladados al crematorio, pero jamás fueron incinerados. A los familiares se les habrían entregado cenizas falsas, probablemente compuestas por materiales sustitutos.
“En lugar de cenizas de ellos se entregó otro material”, explicó el vocero de la FGE.
Debido al volumen de cuerpos encontrados y la capacidad limitada del establecimiento, se estima que algunos restos podrían tener más de dos años sin ser cremados.
Avanza investigación penal contra administradores
Uno de los administradores del crematorio ya se presentó ante la Fiscalía. La FGE trabaja en establecer los mecanismos legales para fincar responsabilidades penales por la acumulación ilegal de cadáveres y el engaño a los familiares de los difuntos.
“Todos los negocios de cremación saben cuál es su capacidad diaria. No puedes recibir más de los que puedes procesar”, subrayó García.
El caso ha conmocionado a la sociedad juarense y pone en entredicho la supervisión de servicios funerarios en la región, por lo que se esperan inspecciones y reformas al sector.
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