El grupo musical Los Alegres del Barranco obtuvo una suspensión provisional para seguir interpretando narcocorridos en el estado de Michoacán, luego de que promovieran un juicio de amparo contra el decreto emitido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que prohíbe eventos públicos con música que haga apología del delito.
Libertad de expresión vs. prohibición: la música en disputa
La decisión fue tomada por el juez Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito, dentro del juicio 518/2025. El juez argumentó que la medida gubernamental viola el derecho a la libertad de expresión, y que el Estado no agotó todas las opciones legales ni consideró medidas menos restrictivas antes de imponer la prohibición.
La agrupación sinaloense se vio envuelta en la controversia tras interpretar en vivo el tema “El dueño del palenque”, un corrido dedicado presuntamente al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante sus presentaciones en Zapopan, Jalisco, y posteriormente en Uruapan, proyectaron imágenes del presunto criminal, lo que intensificó las críticas y llevó a la emisión del decreto estatal.
Gobierno de Michoacán impugna decisión; acusan apología del crimen
El secretario general de Gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, anunció que el gobierno de Ramírez Bedolla presentará una queja ante el Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación para revertir la decisión judicial.
“Vamos a impugnar porque esta resolución va contra el interés del pueblo de Michoacán; no se puede permitir que se haga apología del delito bajo el argumento de libertad artística”, sostuvo Torres Piña.
El funcionario también criticó al juez Santamaría Chamú, a quien acusó de fallar reiteradamente en contra de iniciativas del Ejecutivo estatal, incluyendo la reciente reforma al Poder Judicial y la implementación del Gobierno Digital.
La controversia ha reabierto el debate nacional sobre los límites entre la libertad de expresión en México, la cultura popular y la glorificación del crimen organizado. Mientras algunos defienden el derecho a interpretar música con contenido polémico, otros exigen que se regule su difusión ante el impacto social que puede generar.
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