Un caso que ha generado indignación social se registró en Puebla, luego de que se confirmara que un policía municipal y luchador profesional fue vinculado a proceso penal por agredir a su hijo menor de edad. El funcionario, identificado artísticamente como ‘Pegaso’, fue separado de la corporación mientras continúan las investigaciones por violencia familiar, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
El secretario de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, Félix Pallares Miranda, informó que el elemento fue vinculado a proceso tras una audiencia celebrada el pasado 30 de enero. La agresión ocurrió cuando el menor exigió el pago de la pensión alimenticia, lo que desató la reacción violenta del uniformado.
De acuerdo con la denuncia, el menor sufrió lesiones de gravedad, incluyendo daños que casi le provocan la pérdida de un ojo y afectaciones físicas que estuvieron a punto de dejarlo en silla de ruedas.
Baja administrativa en la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Pallares Miranda detalló que la separación definitiva del cargo depende de la entrega formal del acta de la audiencia judicial, documento que ya fue solicitado al juzgado correspondiente por la SSC.
El funcionario aclaró que, independientemente del desenlace legal, la actuación administrativa se apegará estrictamente a los reglamentos internos de la corporación, reafirmando que no se tolerarán conductas que violen los derechos humanos o la integridad familiar.
¿Quién es ‘Pegaso’, el policía y luchador de Puebla?
El implicado fue identificado como Christian ‘Pegaso’, también conocido como ‘El Topo’, quien ostentaba el rango de policía segundo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla. Además de su labor como uniformado, se desempeñaba como luchador profesional y entrenador de lucha libre en un gimnasio del barrio de La Luz.
En 2021, el personaje se hizo viral en redes sociales por combinar su trabajo policial con su actividad en el cuadrilátero, lo que le dio notoriedad mediática a nivel local.
Investigación continúa y el proceso legal sigue en curso
Las autoridades confirmaron que el proceso judicial continuará su curso conforme a derecho, mientras que la SSC mantendrá su postura de cero tolerancia ante casos de violencia familiar, particularmente cuando involucran a servidores públicos.
El caso ha reavivado el debate sobre la responsabilidad ética de los cuerpos de seguridad y la necesidad de mecanismos de supervisión más estrictos dentro de las corporaciones policiales.
La agresión denunciada y la gravedad de las lesiones del menor han generado una fuerte reacción social, tanto por la naturaleza del delito como por el doble rol del agresor como figura pública y autoridad. Organizaciones civiles han exigido que el caso no quede impune y que se refuercen las políticas de prevención de violencia intrafamiliar.
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